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Después de que el pasado martes 24 de abril fueran violentamente amenazados y arrestados por elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), los integrantes del Movimiento “Trabajando por un patrimonio digno Campestre A.C.” denunciaron la persecución y hostigamiento de los que han sido víctimas por parte de dos agentes del Ministerio Público “comprados por la constructora Homex, que nos quiere despojar de nuestras viviendas”.
Mario Ojeda, integrante de dicho movimiento, denunció que la problemática de más de 300 familias que habitan en el fraccionamiento Campestre Tarimbaro inició hace más de cuatro años, debido a que los altos intereses con los que la constructora quería pagaran las casas adquiridas por una suma mayor a un millón 200 mil pesos, “muchas familias de plano ya no pudimos pagar”.
Los afectados buscaron acercamiento con dicha constructora con el fin de llegar a algún arreglo mediante un refinanciamiento, sin embargo, la respuesta fue la exigencia del desalojo del único patrimonio de las familias, por lo que los dueños acreditados de dichos inmuebles decidieron constituir la mencionada organización, momento desde el cual han sido víctimas de hostigamiento y persecución por parte de la constructora, “no dan opción, sólo que nos salgamos, hemos buscado mesas de diálogo con la empresa y con el gobierno estatal pero no nos escuchan”.
El activista denunció que el Ejecutivo del estado sólo ha beneficiado a la constructora que, a cambio de fuertes cantidades de dinero, ha logrado hostigar violentamente a los afectados, “en una ocasión unas personas irrumpieron en algunas viviendas sustrayendo algunos objetos, mientras que el 5 de abril cuatro personas, que se ostentaron como los dueños de los inmuebles, amenazaron con armas de fuego a varias familias que se encontraban reunidas en el fraccionamiento, por lo que recurrimos a presentar una denuncia penal y el licenciado Rodolfo Ruiz Reyes, agente del Ministerio Público en Tarimbaro, no quiso levantarla”.
Posteriormente, el pasado 24 de abril, un convoy de seis vehículos de la PGJE ingresaron al fraccionamiento en una supuesta diligencia, “agrediendo a los vecinos y arrestando a seis de ellos sin orden alguna, maltratando e insultando a quienes preguntaban el por qué de la agresión”, señaló el afectado, tras responsabilizar de tal acto a la licenciada Silvia García Hernández, agente del Ministerio Público que supuestamente fue “comprada” por la constructora para hostigar a los habitantes de Campestre Tarimbaro.
Los arrestados fueron detenidos por más de 12 horas, por lo que ese mismo día levantaron varias denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “las denuncias se presentaron por que los Ministerios Públicos no han querido levantar las denuncias de robo y amenazas con armas de fuego de las que hemos sido víctimas, buscamos el apoyo de varios medios de comunicación, pero no hemos sido escuchados, el gobierno ha levantado una cortina de humo para desvirtuar la problemática y poner a las víctimas como delincuentes”.
Carmen Escobar Hernández, integrante del movimiento, denunció haber sido amenazada por los cuerpos policiacos y representantes de la constructora con hacerle daño a su familia, por lo que “hacemos responsables a los directivos de la empresa y al Ejecutivo local de cualquier cosa que pudiera pasarnos a los involucrados, además de que exigimos la destitución de los agentes del Ministerio Público que en lugar de hacer su trabajo, han sido comprados para beneficiar a Homex, permitiendo que se violen los derechos humanos y constitucionales de cientos de ciudadanos”.
Ante todo lo anterior, los integrantes de dicha organización, que forma parte de la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular (AERP), exigen la atención inmediata del Ejecutivo local, con el fin de llegar a un acuerdo y parar la ola de arbitrariedades y abusos de los que han sido víctimas.